Comentario
La principal riqueza que los españoles encontraron en América -y la única en muchos lugares y durante mucho tiempo- fueron sus habitantes, y enseguida procedieron a tomar posesión de ella, tras efectuar los correspondientes repartos de acuerdo con los méritos de cada uno. El repartimiento o distribución de la mano de obra indígena entre los españoles comenzó de modo espontáneo y automático, y hacia 1503 aparece el término encomienda (que va a prevalecer a partir de las Leyes de Burgos de 1512) para designar esencialmente la misma cosa, aunque con el matiz de implicar la responsabilidad del encomendero hacia los indios que quedaban "encomendados" a su cuidado; a cambio de la protección del señor, los indios debían entregarle sus tributos y su trabajo o servicio personal.
Se trataba, pues, de una relación claramente feudal que los conquistadores y primeros pobladores quisieron completar solicitando títulos de nobleza como recompensa a sus méritos. Pero lo último que interesaba a la Corona era que en tierras tan lejanas se formara una poderosa casta señorial, que pudiera llegar a constituir un peligro político, de ahí que en el siglo XVI concediera muy pocos títulos nobiliarios (los marquesados del Valle de Oaxaca y de la Conquista otorgados a Cortés y Pizarro, respectivamente, son las excepciones más notables) y que incluso fuera siempre remisa a conceder cartas de hidalguía. Pero si los conquistadores no obtuvieron la condición jurídica de nobles, las encomiendas les permitieron ser señores de indios, recibir sus tributos y disponer de su fuerza laboral, así que lo consideraron suficiente nobleza, se autodenominaron "vecinos feudatarios" (y como tales tuvieron prioridad en determinados cargos municipales, etcétera) y concentraron sus esfuerzos en conseguir la perpetuidad de sus feudos, el derecho a transmitir las encomiendas indefinidamente por vía hereditaria como cualquier otra propiedad.
Pero tropezarán de nuevo con la hostilidad de la Corona, reforzada en este caso por la presión humanitaria de los religiosos como Bartolomé de Las Casas. El primer intento serio de abolir las encomiendas fue la promulgación de las Leyes Nuevas de 1542, que provocaron en todas las Indias tal cantidad de protestas, disturbios, motines y hasta una verdadera guerra civil en Perú (rebelión de Gonzalo Pizarro, de 1544 a 1548, con asesinato del virrey Núñez Vela y ejecución de Pizarro y otros cabecillas), que la Corona se vio obligada a ceder. Se alcanzará una solución de compromiso, mediante la cual la encomienda no se suprimió pero quedó reducida al tributo, eliminándose todo vestigio de relación señor-vasallo; el encomendero no logró la deseada perpetuidad y teóricamente perdió también la posibilidad de beneficiarse del trabajo indígena, aunque en la práctica siguió haciéndolo.
Pero desde fines del XVI es evidente el declive de la encomienda, a medida que el impresionante descenso de la población indígena va reduciendo su valor económico, lo que permite aplicar una legislación encaminada a su progresiva incorporación a la Corona, que se generaliza ya en 1720. Sólo en áreas marginales como Yucatán, Chile, Paraguay y Tucumán, pervivió la encomienda hasta los últimos tiempos de la colonia.
Así pues, a partir de 1545 la encomienda fue sólo una concesión temporal de ingresos, no de vasallos, de manera que no llegó a ser un dominio feudal. Pero los encomenderos siguieron durante mucho tiempo denominándose feudatarios, fueron el sector predominante en la sociedad indiana del siglo XVI y conservaron siempre el prestigio social derivado de su condición de "beneméritos". Además, la encomienda fue la base de enormes fortunas al proporcionar un capital con el que se financió la adquisición de otros bienes, especialmente tierras pues muchos encomenderos invirtieron en ellas la renta que obtenían de sus indios, de forma que aun sin existir una conexión legal entre la encomienda y la hacienda, sí hay una clara relación entre ambas.